Opinión

Esta iniciativa de supuesto desarrollo económico proviene de los intereses de la clase política, financiera y empresarial de los Estados Unidos, que bajo un proyecto de inversión a largo plazo (de 100 años) pudiera extraer y usufructuar los recursos naturales, minerales e hidrológicos de la región. Para que este proyecto comenzará a implementarse se tuvo que modificar las leyes y reglamentos de las naciones latinoamericanas involucradas para cambiar los regímenes de propiedad de la tierra y los recursos de tipo comunal en propiedades privadas.

Desde inicios del TLC (1994) el Estado Mexicano desincorporo a todas las industrias y empresas que tenía bajo el control estatal, con ello comenzó una era de las llamadas privatizaciones que fortalecio el surguimiento de una clase capitalista nacionales en no más de 30 famlias como: Roberto Hernández Ramírez, José Aguilera Medrano, Alejandro Betancourt Alpirez, Valentín Díez Morodo (Grupo Cervecería Modelo), Lorenzo Zambrano (Grupo Cemex), José Martínez Güitrón (Grupo Sidek), Moisés y Antonio Cosío Ariño (Grupo Carso, Telmex e Inbursa), Jorge Larrea Ortega (Grupo Industrial Minera de México), Ángel Losada Moreno (Grupo Gigante), Rómulo O`Farrill Jr. (Novedades), Jerónimo Arango Arias (Grupo Cifra), Claudio X. González (Kimberly-Clark de México) y Lorenzo Servitje Sendra (Grupo Bimbo), estos y otros nombres forman el grupo compacto de la oligarquía nacional de hoy.

Aunado a los anteriores nombres la revista Expansión señaló en una de sus publicaciones con fecha de 09/08/2013 a los 100 principales empresarios que obtuvieron ganancias por arriba de los 65 mil 181.1 millones de pesos que equivalían al 53% del PIB. La lista la encabezaba Carlos Slim (Grupo Financiero Inbursa), Lorenzo Zambrano (Cemex), Eugenio Garza (Grupo Financiero Bancomer) y Roberto Hernández (Grupo Financiero Banamex- Accival).

Desde ese momento las políticas internacionales que dictaban organismo como el Banco Mundial (BM), el fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Universidades de Harvard y Chicago, junto con las directrices del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presionaron a los gobiernos de los países del continente americano a intensos procesos de desincorporación de toda las empresas del Estado.

Tal proyecto logro que gradual se comenzara la edificación de vías de comunicación (autopistas, carreteras secundarias, puentes, puertos y aeropuertos) que pudieran enlazar aquellos centros o parques industriales (Ciudades Industriales) en lugares específicos de la amplia y rica cantidad de recursos naturales con el fin de despojar y explotar los yacimientos minerales y petroleros, como de toda aquella riqueza material que poseen los bosques como maderas, plantas, fauna y agua de esas zonas.

Con el paso de los años los gobiernos de México y los países centroamericanos han construido esquema de apertura comercial, destinado miles de millones de recursos financieros para la construcción de la infraestructura como las megas autopistas, presas, puentes, vías férreas y puertos marinos que enlazaran a la capital del Panamá con el Estado de Puebla. Para ello se creó el llamado fortalecimiento de los mecanismos institucionales de concertación de políticas. Es decir, un instrumento que permitiría la legalización del despojo de los territorios de los pueblos originarios para el disfrute de todos sus recursos naturales existentes para obtener la materia prima que agilizara el desarrollo de una industria trasnacional en manos de inversionistas extranjeros, para ello se han modificado y flexibilizando reglas y leyes que permitieran, por ejemplo, la incorporación de nuevas nociones y principios del trabajo como:

Los nuevos derechos y obligaciones para los empleadores y los trabajadores;
Reformas al acceso al empleo con nuevas relaciones de trabajo;
Se incorporaron modificaciones a las condiciones de trabajo;
Aparecen regulaciones particulares para ciertas actividades o tipos de trabajadores;
Diferente enfoque a la formación e incorporación de la productividad;
La disolución de la relación de trabajo;
Reformas en materia de riesgos de trabajo.

Este conjunto de medidas se tradujeron en las llamadas reformas estructurales que a través del Pacto por México sello el destino de millones de mexicanos que han visto pasar las privatizaciones de sectores como el Energético, Telecomunicaciones, Educación, Carreteras, Puentes, Puertos, el Agua y los territorios y zonas ecológicas protegidas. Estas acciones han ensanchado aún más la pirámide de la pobreza y marginación en nuestro país, trayendo a la par una espiral de violencia ante cualquier manifestación de inconformidad de los sectores sociales desprotegidos.

Recordemos que este proyecto inició su marcha de manera formal en San Salvador con motivo de la Cumbre Extraordinaria sobre “Mecanismos de Diálogo y Concertación de Tuxtla”**. Su prioridad ha sido, según sus postulantes, “contribuir a elevar el nivel de vida de los habitantes” de la región con carácter de promoción y gestor de inversión generadora de empleo, además de la modernización de la infraestructura, para facilitar los procesos de integración regional económica.

No dejemos de ver que los grupos empresariales y las grandes firmas financieras de los Estados Unidos han negociado con las familias más ricas y la clase política de cada país latinoamericano, y estos últimos a su vez han acordado con las burguesías locales de cada una de las regiones la puesta en marcha de una estrategia de apropiación de territorios y los recurso naturales bajo diversos mecanismos “lícitos e ilícitos”.

Para ello, y desde mediados de la década de los años noventa hasta el día de hoy se elaboró una cartografía e inventario los recursos naturales con los que cuentan cada uno de estos territorios. Mismo que ayudo a crear lo que hoy se conoce como las Zonas Económicas Especiales (ver gráfico 01).

Esta cartografía permitió el acceso a los recursos que cada región poseía, definiendo con claridad las acciones directas de control sobre sectores de la poblaciones, líderes sociales y de opinión, organizaciones sociales con ideologías progresistas y sindicatos rojos para que los megaproyectos y la infraestructura (redes multimodales de carreteras, puertos, aeropuertos, vías de ferrocarril, canales, cables de fibra óptica, etcétera) comenzaran su construcción sin impedimento alguno.

Ante esta realidad se coincide con el punto de vista del escritor y profesor universitario Carlos Fazio quien apuntó que estamos ante una nueva fase de la acumulación capitalista, misma que fue descrita por el viejo Carlos Marx hace más de 200 años en su libro el Capital, capítulo XXIV, bajo el titulo “La llamada acumulación originaria”.

Es con el saqueo, la depredación, el fraude, la expulsión, expropiación de las tierras para supuesto uso de beneficio público y la violencia son mecanismo para allanar el camino a la llamada “acumulación por desposesión”, que junto con el financiamiento e inversiones públicas para construir la infraestructura de las “Ciudades Industriales”, se explica el repunte de la violencia institucional hacia sectores sociales como son los estudiantes normalistas, caso Ayotzinapa, por ejemplo.

Como eje de este tipo de desarrollo económico centrado en la extracción deshumana de la plusvalía de las fuerzas productivas de esta nuevas industrias se orienta la extracción desproporcionada los recursos naturales, para ello se han recurrido previamente a la privatización de los territorios, incluida la tierra y el agua como mercancías que se ofertan sobre la ley de la oferta y la demanda.

Estas acciones que se vienen ejecutando desde hace más de dos décadas han permitido también observar el nuevo “arreglo espacial” para el diseño de empresas e industrias que exploten los recursos existentes en cada localidad mediante modalidades diferenciadas de trabajo y el usos de los recursos naturales (nueva encomienda) para derivarlos en una cadena productiva multinivel (en una primera fase) para que estos recursos extraídos sean los insumos que necesita todo el engranaje del sistema productivo. Con ello también se reorganiza la geografía en la medida de las necesidades del sector productivo. Con el desarrollo de las zonas económicas (ciudades industriales) están traerán efectos colaterales como nuevas formas de criminalidad que buscaran posesionarse y rivalizaran con aquellos sectores “legales” de la industria y los servicios, desatando guerras locales por ocupar nuevos territorios donde se pueda mover las ganancias del hampa.

Por otra parte, la política industrial que regirá en su generalidad en las ZEE será la llamada inversión mixta de capitales, que aportará por un lado el Estado, los empresarios y una mezcla de dinero proveniente del crimen organizado, para crear enclaves productivos de exportación al gusto del capital transnacional, que contará con un eje de empresas maquiladoras o extractivas bajo formas de explotación caciquil.

Fue el 8 de julio de 2016 que Gerardo Gutiérrez Candiani, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), fue nombrado titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). El titular de esta dependencia cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, pudiéndose vincular con los nuevos zares energéticos mexicanos, que compartirán los negocios con las megapetroleras mundiales obteniendo altos rendimientos y beneficios para los involucrados en el desarrollo de las ZEE.

Entre ellos destacan Carlos Slim (Grupo Carso Oil&Gas), Germán Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Petrobal), Bernardo Quintana (Grupo ICA), Armando Garza Sada (Grupo Monterrey, Alfa), Ricardo Salinas Pliego (Grupo Salinas, Typhoon), Pedro Aspe (Evercore) y Luis Téllez (Monterra Energy).

Las ZEE incluyen estados como Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco, entidades que son ricas en biodiversidad, recursos forestales, reservas de agua. Además estas zonas albergan a pueblos originarios que han sido permanentemente amenazados por el gran capital. Más del 50% de los terrenos necesarios para desarrollar las ZEE son una mezcla de propiedades estatal, municipal y privada, lo que emergerá como una nueva fuente de conflictos por la tenencia de la tierra y la conservación de los ecosistemas y las culturas locales. Además para darle certeza jurídica al despojo se creó Ley Federal de Zonas Económicas Especiales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 01 de junio de 2016.

Deberán ubicarse en las entidades federativas que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se encuentren entre las diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de acuerdo con la información oficial del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social;
Deberán establecerse en áreas geográficas que representen una ubicación estratégica para el desarrollo de la actividad productiva, debido a la facilidad de integración con carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad hacia otros mercados nacionales o internacionales;
Deberán prever la instalación de sectores productivos de acuerdo con las ventajas comparativas y vocación productiva presente o potencial de la Zona, y
Deberán establecerse en uno o más municipios cuya población conjunta, a la fecha de la emisión del Dictamen, sea entre 50 mil y 500 mil habitantes

Esta nueva la ley indudablemente afectará al menos a 5 mil 866 ejidos, a 37 mil 877 localidades en 266 municipios y 12 estados. Además el proyecto pretende formar zonas exclusivas para el capital, con excepcionalidad arancelaria, libres de impuestos, tribunales autónomos e independientes con competencia exclusiva sobre las mismas, donde en estas zonas se podrá adoptar un sistema o jurisprudencial conforme a las prácticas que dicten los tribunales locales.

Los proyectos de las ZEE contarán también con reglas laborales propias, donde los incrementos salariales de los trabajadores se determinarán por criterios de productividad y de las decisiones unipersonales de los propietarios de los medios de producción.

Mecanismos organizativos y logísticos adecuados. Es decir, contar con todas las vías de comunicación acorde a los estándares internacionales. Que estará en función de agreste orografía de los estados del sur.
Disponibilidad de los recursos energéticos que agilicen los distintos procesos de producción. Arriesgo de afectar a los entornos ecológicos de cada región.
Contar con los recursos humanos para los sistemas de producción, ello conlleva reorientar los servicios educativos a nivel técnico y superior majo un modelo tecnológico que capacite al sujeto. Con una ideología productivista, individualista, acrítica y no consciente de sus realidad.
Poseer un Estado de Derecho que garantice por un lado las inversiones y propiedades sobre el trabajo de los empresarios. Y por el otro, una ausencia en los derechos laborales de los operarios del sistema productivo bajo esquema de empresas de subcontratación empresas (outsourcing) que contratan a miles de manos trabajadoras para evitar que las empresas interesadas contraigan obligaciones con mano de obra.

Todas estas medidas que se han creado aseguran a las industrias el despojo y la destrucción de los territorios donde se asentaran mediante la protección del andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales. Se avizora una nueva oleada de devastación para el Istmo de Tehuantepec y para las demás entidades involucradas. El capital internacional, la nueva burguesía emergente y la élite política mexicana y oaxaqueña mostraran su verdadera avaricia, avidez y rapacidad.

Aunado a lo anterior, la geografía y potencialidades que presentan cada una de las zonas económicas permiten trazar el desarrollo del proyecto en tres etapas distintas. En un primer momento se potencializaran lugares como el puerto de Lázaro Cárdenas, Istmo de Tehuantepec, Coatzacoalcos, Salina Cruz, Puerto Chiapas y Yucatán. En la segunda etapa se desarrollaran entidades como Tabasco y Campeche. Y en la última etapa se impulsara Hidalgo y Puebla.

Las inversiones incluirán, como ya se mencionó, la construcción de toda una red de mega autopistas que se pueden observar en el siguiente gráfico 02:

En el siguiente gráfico 03 se muestra las supuestas ventajas y las principales vocaciones productivas que presentan las ZEE en función a factores como los recursos naturales existentes en cada zona, como también la vocación productiva de los recursos humanos disponibles según la valoración del Acuerdo de Cooperación Técnica propuesta por el Banco Mundial.

La infraestructura que correrá paralela a las principales vías de comunicación de la ZEE, ya comenzó su puesta en operación y es el poliducto de PEMEX que se extiende sobre el Corredor Transístmico a lo largo de más de 381 kilómetros que unirá la terminal logística de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, con la refinería Antonio Dovalí Jaime en el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca, estos ductos permitirán trasladar gas LP hacia el litoral del Pacífico.

Otro gasoducto que se ésta implementando es el de Chinameca, Veracruz, a Salina Cruz, para el traslado de gas natural. Ambos gasoductos atravesarán 14 municipios veracruzanos y 13 oaxaqueños, recurso energético que será enviado hacia la costa oeste de los Estados Unidos y al mercado del sureste asiático, permitiendo trasladar hidrocarburos en sólo siete días, en comparación con los más de 16 que requiere un buque para cruzar por el canal de Panamá.

Una zona económica contemplada es la que ubicará en el Estado de Chiapas, y será la creación de un agroparque industrial en el Soconusco que se conectará con Puerto Chiapas. También está en puerta el proyecto de un gasoducto que unirá a Salina Cruz con Puerto Chiapas y Guatemala, cuyo objetivo es transportar gas natural desde la terminal oaxaqueña de Salina Cruz a Guatemala a lo largo de 600 kilómetros. Además el proyecto forma parte de una estrategia de encadenamiento productivo que involucrará a México y a países como El Salvador y Guatemala.

Bajo el matiz de palabras como “progreso, desarrollo y empleo” que la retórica gubernamental emplea, se trata de engañar a los pueblos originarios, comuneros y campesinos en cada una de estas regiones, bajo la fórmula de que los proyectos detonaran el crecimiento económico de esos ricos territorios. Lo que vemos desde hace 5 años es el incremento en la destrucción, robo y explotación de los recursos naturales, pero que con el cuento gubernamental de que en cada lugar donde se desarrollen las ZEE, éste ayudará revertir la pobreza y marginación que según dicen viven los pobladores del sur país.

Fue el pasado 22 de junio en el Zócalo de Oaxaca donde se llevó acabo el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente, donde más de 250 participantes de unas 50 organizaciones sociales y civiles externaron su rechazo a las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar de la entidad. Los asistentes al foro también señalaron que con la idea de modernidad, se pretende que las comunidades pierdan su tierra y el control sobre su entorno natural; de igual forma las organizaciones presentes dijeron que se ha roto el tejido social de los pueblos y sus comunidades originarias, prácticas culturales que se habían mantenido por varios siglos. Pero ahora, con las ZEE, se acelerara el genocidio de los pueblos y sus recursos.

Como se pudo leer a lo largo de esta reflexión, quienes son los artificies de estos proyectos sus intenciones son evidentes y claras, la rápida creación de nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, la construcción de vías férreas y carreteras para continuar con el saqueo a los territorios del sur de México y de los países centroamericanos que comenzó en 1492. Lo que está en juego es el futuro de nuestros pueblos.

* Profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). Profesor por asignatura de las materias de Victimología y Sociología Criminal de los programas de maestría en Ciencias Penales y Ciencias Forenses del Consejo Académico de Docencia e Investigación Transversal y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (CADIT-UPAV). Profesor por asignatura en la Universidad Santander (UNISAN), Unidad Académica Oaxaca. Presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca A. C. (APIM). Colaborador para diferentes periódicos en la entidad y sitios electrónicos.

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